La empresa Electricaribe instó a las autoridades competentes para esclarecer los hechos que motivaron el asesinato de Alexander Garrido Salas, un colaborador de la entidad con 26 años de servicio y quien se encontraba vinculado a la Unidad de lucha contra el fraude.

“No obstante, todo parece indicar que los posibles móviles del asesinato se relacionan con su actividad en la detección de fraudes de energía”, aseguró el Gerente General de Electricaribe, José García Sanleandro, en comunicación remitida a Zona Cero.

Alexander Garrido Salas fue asesinado de un disparo en la cabeza, frente a su residencia ubicada en el barrio Los Andes de Barranquilla.

“Es inaceptable pensar que un ser humano que cumple una legítima y abnegada gestión en favor de la comunidad, sea asesinado en razón de su trabajo”, recalcó.

A su juicio, Electricaribe es víctima “de un hecho que evidencia una vez más la grave problemática que afecta la lucha contra el fraude y los innumerables actos de violencia de los que viene afrontando en desarrollo de su actividad”.

Este año, señaló, “más de 170 funcionarios de Electricaribe han sido retenidos y agredidos en virtud y en desarrollo de sus labores operativas, poniendo en riesgo su integridad física en diferentes zonas de la Región Caribe. Un ejemplo es el ocurrido el pasado 19 de septiembre en Riohacha, La Guajira, cuando varios operarios de la empresa fueron atados a un árbol y expuestos al escarnio público por desarrollar su función”.

Según García Sanleandro, “esta problemática, sumada a los daños ocasionados a nuestras instalaciones físicas, nos lleva a reiterar e insistir en nuestra solicitud de apoyo y acompañamiento de las autoridades para que se ofrezcan las garantías necesarias para el desarrollo de las actividades de distribución y comercialización de energía por parte de la compañía”.

Puntualizó que “resulta inaudito pensar que un inversionista extranjero, cuyo propósito es prestar un servicio público en condiciones de calidad y seguridad, como lo hace en los más de 30 países en los que opera, se vea expuesto a estas situaciones, donde, además, los niveles de deuda de energía por parte de sus clientes superan los 1.5 billones de pesos y las pérdidas anuales por fraude e impago se acercan a los 600.000 millones de pesos, haciendo inviable la prestación sostenible del servicio con calidad adecuada”.